“No le voy a entregar la clave del celular porque ahí surgirán los detalles de las conversaciones que mantuve con Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Raúl Jalil y Martín Llaryora (gobernadores de Catamarca y Córdoba, respectivamente)”, les habría dicho a los policías José Matías Rollate, quien está siendo investigado por presuntas estafas y la tenencia de dólares falsos. El acusado habría mencionado contactos políticos como garantía de las actividades que realizaba. Aunque se sospecha que podría tratarse del ardid que desplegaba para captar incautos, esta situación también será investigada.

Rollate fue detenido tras la denuncia realizada por su propia novia, Nadia Antonella Pérez Vaca. La mujer aseguró que le entregó U$S5.000 para que realizara una inversión y que luego utilizó los datos de la tarjeta de su padre para obtener $12,5 millones sin autorización. También relató que comenzó a recibir amenazas y hostigamientos cuando le reclamó por su conducta. La denunciante, como prueba de sus dichos, presentó un sobre con un fajo de U$S100.000 falsos que le habría entregado el acusado.

Al analizar los elementos reunidos, el fiscal Diego López Ávila logró que una jueza autorizara un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde presuntamente funcionaba una especie de oficina comercial. Allí se presentó Jacinto Rollate, padre del acusado. Según las actuaciones, el hombre tenía en uno de sus bolsillos un fajo de U$S10.000 y, en el otro, más de $1,5 millones. Ayer ambos fueron formalmente acusados, pero continuarán el proceso en libertad. 

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Antecedentes

Como era de esperarse, tras tomar estado público la detención de José Rollate, se conoció que el sospechoso desde hacía tres años venía siendo investigado por delitos económicos, aunque no se había adoptado ninguna decisión judicial en su contra. La repercusión del caso también motivó que otra presunta víctima lo denunciara por maniobras similares.

En 2023, Federico Vega denunció a Rollate por haberlo amenazado cuando se presentó en su oficina para reclamarle el dinero que le debía. Meses después, amplió la denuncia contra el señalado. En esa nueva presentación, el damnificado relató cómo era la operatoria del presunto financista.

Indicó que habían sido compañeros en la Universidad de San Pablo-T y que, después de varios años, volvieron a encontrarse en el centro en 2018. Rollate le comentó que estaba trabajando en la Legislatura y que tenía pensado crear la financiera Rollal Group. Entonces le propuso invertir dinero a cambio de una rentabilidad mensual del 14%. Según su versión, Rollate le garantizó el pago al asegurar que tenía un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social: aportaría capital para ganar una licitación y luego recibiría un retorno económico con el que abonaría a quienes apostaban por su proyecto. La víctima aceptó el trato y, después de vender una cochera, le entregó U$S15.000.

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Vega también ratificó que, tras haber recibido los pagos pactados, en 2020 le entregó otros U$S25.000 para que los “moviera”, como se dice en la jerga financiera. La víctima reconoció que el acusado cumplía con los pagos, aunque con demoras. En enero de 2022 invirtió otros U$S16.000 y 30.000 euros y, a partir de ese momento, Rollate comenzó a incumplir lo acordado. Tres meses después, el acusado le propuso concretar una nueva inversión con el dinero entregado, a cambio de abonarle $840.000 semanales.

El sospechoso, según la denuncia, cumplió con los dos primeros pagos, pero luego desapareció hasta agosto de ese año. El financista le entregó U$S37.500 y lo convocó a su oficina. Allí, de acuerdo con la presentación realizada, lo amenazó con un arma de fuego y le advirtió que no le devolvería más dinero. La víctima estimó en 2023 que la deuda ascendía a unos U$S120.000.

El damnificado, con el patrocinio de José María Molina, denunció el caso ante el Ministerio Público. La fiscal Mariana Rivadeneira, al entender que podría tratarse de una estafa piramidal o ante la sospecha de una posible intermediación financiera sin autorización, se declaró incompetente y remitió el expediente a la Justicia Federal. Meses después, funcionarios de ese fuero rechazaron intervenir al considerar que se trataba de un delito de estafa. Desde marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la causa para definir quién deberá instruirla.

Más denuncias

“Hasta el momento se contactaron conmigo unas 10 personas que aseguran ser víctimas de Rollate, pero podrían ser muchas más”, sostuvo Molina. “El modus operandi es el mismo en todos los casos: buscaba inversores entre conocidos y familiares, utilizaba a figuras políticas como garantía y les pagaba jugosos intereses durante un tiempo hasta que desaparecía”, añadió el profesional.

“Creemos que estamos ante una estafa piramidal que se viene ejecutando desde hace por lo menos ocho años. Durante ese período, el denunciado tuvo un importante crecimiento patrimonial. Veremos qué surge en los próximos días porque vamos a representar a varias víctimas”, indicó Molina.

El fiscal López Ávila analiza los pasos a seguir. Espera que en las próximas horas se presenten más presuntos damnificados para formalizar sus denuncias. Lo más probable es que termine acumulando las causas para agravar la acusación contra Rollate.